Residentes permanentes que son carga pública: ¿En riesgo de deportación?
Por: Diana Bello Aristizábal
En los últimos meses, los inmigrantes han estado viviendo en un clima de tensión constante por cuenta de las deportaciones reportadas en el país. Sin embargo, no todo lo que se dice o rumora en torno a la inmigración es del todo cierto o se interpreta de la forma correcta y vale la pena aclarar el panorama para disminuir la incertidumbre. En esta ocasión, el rumor en cuestión es si un residente permanente que representa una carga pública puede ser o no objeto de deportación.
En primer lugar, hay que decir que cuando una persona se convierte en residente permanente o titular de una Tarjeta Verde (green card) es elegible para una serie de beneficios del gobierno como cupones de comida, Medicare o seguro de salud para niños, entre otros.
Hacer uso de estos beneficios a los que tiene derecho el residente no lo convierte automáticamente en una carga pública, pues según la ley de inmigración se debe considerar una larga lista de factores y evaluar la totalidad de las circunstancias de los beneficios obtenidos antes de tomar una determinación.
Además, algunos beneficios estipulados por la reglamentación actual no entran dentro de lo que se considera carga pública como SNAP, programa de asistencia nutricional suplementaria; WIC, programa federal de nutrición para mujeres, infantes y niños; CHIP, programa que ofrece cobertura médica a niños y adolescentes; inmunizaciones; vacunas, prueba y tratamiento contra el COVID-19; beneficios de vivienda y Medicaid siempre y cuando no sea de larga duración, entre otros.
¿Quiere decir que quienes hayan solicitado beneficios diferentes a los anteriores podrían ser sujetos de deportación? Al respecto, el abogado de inmigración, Jose A. Guerrero, dice que es una opción. “Si una persona depende al 100 por ciento para subsistir del gobierno dentro de los primeros cinco años desde su entrada a Estados Unidos, entonces esa persona pudiera ser deportada del país bajo la sección 237 (a)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés)”.
Pero en este asunto, la palabra clave es ‘pudiera’ porque aunque no se descarta, los abogados consultados por este medio estuvieron de acuerdo en que en el caso de los residentes permanentes es una posibilidad muy remota que sean deportados.
“Si bien es cierto que un residente permanente tiene esa posibilidad de convertirse en carga pública y es vulnerable si lleva menos de cinco años en el país, es muy poco probable que sea puesto en un proceso de deportación, llamado proceso de remoción, porque los residentes permanentes normalmente no son sujetos a esa regulación de manera estricta”, comenta el abogado de inmigración Luis Victoria.
No obstante, quienes están en camino de obtener una residencia permanente, es decir, los aplicantes de ajuste de estatus o aquellos que están en un proceso consular, tienen un mayor riesgo de ser evaluados por el gobierno si obtuvieron beneficios antes de convertirse en residentes permanentes.
En estos casos, podrían ser sujetos al test de carga pública que busca determinar si un inmigrante se volvería o no dependiente del gobierno en el futuro tras un análisis exhaustivo de los beneficios percibidos.
“Estamos hablando de aquella persona que quizás estando en una situación de necesidad solicita beneficios significativos, sobre todo ayuda económica en efectivo. Este individuo entonces estaría con problemas de argumentación en relación con esa carga pública en el momento del ajuste de estatus”, afirma Luis Victoria.
Ciertas categorías de individuos que no son ciudadanos están exentas de ser carga pública como son los refugiados, asilados, personas con TPS (Estatus de Protección Temporal), con visa o estatus T, U y VAWA y los cubanos.
Si tras un análisis de los indicios se determina que el aplicante a una tarjeta verde sí es una carga pública para el gobierno, lo que puede suceder es que haya una denegación del caso por inadmisibilidad y si la persona no lleva a cabo las apelaciones o mociones respectivas, en ocasiones puede ser puesta en un proceso de remoción o deportación. El juez de inmigración es quien finalmente tendría la facultad de deportarlo.
Dadas las implicaciones, remotas o no, que puede tener para un residente o aspirante a residente convertirse en carga pública, la recomendación general es evitar en la medida de lo posible llegar a ese punto.
“Lo más importante es que usted antes de comenzar a aceptar beneficios públicos, ya sean federales o estatales, vea a un abogado para que le ayude a determinar si esos beneficios lo pudieran afectar. Como abogado, si alguien me pregunta ‘¿puedo tomar tal beneficio?’ yo no puedo dar una respuesta rápida porque tengo que mirar muchas cosas. Entonces habría que hacer un análisis tanto para los que están aplicando para la residencia como para los residentes”, dice Guerrero.
Comenta, además, que en el área de la salud es común que algunos agentes les ofrezcan a las personas seguros subsidiados por el gobierno porque califican al tener, por ejemplo, un permiso de trabajo pero no consideren ni expliquen las consecuencias a futuro que esto podría acarrear si no son residentes.
“No los culpo. Simple y sencillamente dicen ‘no se preocupe, usted califica, yo lo pongo en el programa’, pero antes de dar ese paso hay que consultar. Por favor no con un paralegal, un preparador de documentos o un notario”, afirma.