Trabajadores agrícolas en jaque por políticas migratorias
Por: Diana Bello Aristizábal
Desde que Donald Trump inició su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, le ha dado prioridad absoluta al tema migratorio tal como lo prometió en campaña. Su enfoque en cuanto a deportaciones podría afectar la economía estadounidense si consideramos que la gran mayoría de inmigrantes susceptibles de ser deportados trabajan en sectores importantes para la nación como es el caso del sector agrícola.
Y es que según el informe anual de Feeding the Economy o alimentando la economía del 2024, la producción económica del sector alimentario y agrícola en conjunto ha aumentado en más de un billón de dólares desde el informe del 2023.
Además, de acuerdo con este reporte, que se basa en datos de USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) y el censo nacional, estas industrias sustentan directamente casi 24 millones de empleos (más del 15% del empleo en el país) y son responsables de más de 9,6 billones de dólares de la actividad económica, es decir, el 20% de la producción total de Estados Unidos.
Algo similar se puede decir del sector en Florida. De acuerdo con Iván Jiménez, director general de Greenholder Corporation, empresa que hace análisis económicos, los agricultores del estado contribuyen con más del 20 por ciento del producto interno bruto de la Florida.
Así, cualquier medida que impacte a los trabajadores agrícolas podría potencialmente perjudicar la economía local siempre y cuando “haya verdaderas deportaciones numéricas y no se trate simplemente de sensacionalismo”, como indica Iván Jiménez.
Al respecto, el abogado de inmigración, Luis Victoria, dice que un grupo de políticos del estado está contemplando la posibilidad de abogar por algún tipo de excepción con estos trabajadores aunque aún no hay nada confirmado ni se sabe cómo podría materializarse esta idea al igual que tampoco hay un estimado de cuántas personas pertenecientes a este sector podrían ser deportadas.
“Hasta ahora no he escuchado que haya habido redadas hacia el lado de Homestead aunque no se descartan, pero sí están detrás de personas que hayan cometido delitos, especialmente sexuales o violencia doméstica, tengan orden de deportación u orden de deportación en ausencia. Además, con la ley Laken Riley también se va a incluir a quienes hayan cometido delitos menores”, asegura.
Según Victoria, esta ley, firmada en enero 29 y que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un extranjero venezolano, pondría en la mira de las autoridades migratorias a quienes tengan más de un DUI (conducir bajo la influencia de alcohol o drogas), no posean licencia o hayan conducido sin una o, incluso, a individuos con infracciones de tránsito reiteradas.
Por otro lado, en los últimos días de enero, la Secretaría de Seguridad Nacional confirmó la revocatoria de extensión del TPS o Estatus de Protección Temporal a venezolanos que había sido anunciada por Joe Biden antes de finalizar su mandato. La nueva decisión de Trump es eliminar los 18 meses adicionales de protección migratoria que habría ordenado su predecesor, lo cual también impactaría a muchos trabajadores agrícolas.
Menos trabajadores, productos más costosos
La comunidad de Homestead y en general todas las comunidades rurales de la Florida como Immokalee, Pierson y Fellsmere desempeñan una labor sumamente importante para la economía, cuya fuerza laboral está compuesta principalmente por inmigrantes indocumentados.
“Es difícil saber exactamente el porcentaje de los trabajadores que son indocumentados pero existe una teoría según la cual un mínimo de un 60% lo serían”, explica René Gómez, coordinador de participación cívica de The Farmworker Association of Florida, una organización sin ánimo de lucro que lleva 40 años ayudando a trabajadores agrícolas.
Ellos no solo trabajan por un sueldo muy bajo, sino, además, en condiciones laborales deplorables. “Muchos mueren por calor y están expuestos a pesticidas que les afectan su salud. Aquí en Florida tenemos una de las tasas más altas de robo de salario del país y les pagan en función de que recojan cierta cantidad de libras de la fruta o vegetal que corresponda. O sea, imagínate trabajar a 90 o 100 grados y tener que pescar 1,500 libras para poder llegar a $15 dólares la hora”.
Por esta razón, es bastante común que un ciudadano americano no esté dispuesto a tomar ese trabajo y de ahí que la mayor parte de la fuerza laboral esté concentrada en los inmigrantes. “Es un sector laboral en el que la mano de obra es intensa”, coincide Iván Jiménez, quien dice que en Homestead hasta el momento las cosechas no han sido fruto de la industrialización como ocurre en otras industrias que pueden depender de las máquinas y solo se necesita a alguien que supervise.
“Tienes que estar ahí para sembrar y cosechar y los márgenes no son tan amplios, por lo cual no puedes tener mano de obra sofisticada y cara porque los precios no lo soportan”, explica Jiménez.
Y muchos ni llegan a los $15 dólares la hora, comenta René Gómez, quien narra como ha visto gente que ni siquiera va al baño y trabaja enferma con tal de lograr la meta para así poder mandar dinero a su país, pagar la renta, el gas y vivir con lo mínimo.
Considerando que se trata de un oficio manual, el alto porcentaje de trabajadores que son indocumentados y la posibilidad de que muchos de ellos estén en los grupos prioritarios para deportación, que de acuerdo con el abogado Luis Victoria lo están, es muy posible que se vean repercusiones en el resultado de las cosechas.
“En Homestead, específicamente, podría haber una disrupción del sector si hay una deportación masiva porque manejan productos perecederos. El producto agrícola no puede esperar (a que haya mano de obra disponible), se tiene que recoger en el momento adecuado o, de lo contrario, hay pérdidas”, afirma Iván.
Toda esta situación repercutiría en un aumento de precios de los alimentos agrícolas para el consumidor final. Tan sencillo como que si no hay oferta por falta de mano de obra pero sigue habiendo demanda, los precios sufren un golpe. “Eso no es un problema si el consumidor está dispuesto a pagar más”, dice Jiménez, argumentando que es poco probable que eso sea así a juzgar por lo difícil que ha sido para las personas ajustarse a las tasas inflacionarias de los últimos años.
Otro factor que podría elevar los precios es que la economía local tiene una conexión cercana con los sectores de hospitalidad y turismo, pues Miami es un paradero para muchos cruceros y cuenta con una amplia oferta de restaurantes y hoteles, por lo cual los dos sectores representan una de las mayores fuentes de ingresos de la región. Sin embargo, si no se le puede ofrecer al turista productos básicos alimenticios frescos producidos en el área, la solución sería importar.
“Aquí o aumentamos la inversión (en automatizar los procesos, por ejemplo), aumentamos los precios, subimos los salarios para atraer más trabajadores al campo o proporcionamos facilidades para que esa mano de obra se quede en el país, pero esto no se resuelve deportando gente sino regularizando su situación con algún visado temporal”.
De acuerdo con René Gómez, hay un poco más de 700 mil trabajadores agrícolas en todo el estado, de los cuales 300 mil, aproximadamente, son indocumentados y es casi imposible que esa mano de obra pueda ser reemplazada por americanos. “Ha habido un montón de programas para atraer trabajadores desde 1950 y todavía no han podido atraer trabajadores americanos”, afirma.
Su opinión coincide con la de Iván Jiménez, quien considera que Estados Unidos tiene un sistema migratorio roto desde hace años al que le hace falta voluntad política para arreglarlo y la situación en Homestead es producto de ese sistema.
En este sentido, las visas de trabajo como la H-2A no han sido la mejor solución porque, según cuenta René, los empleadores en repetidas ocasiones han cometido abusos contra los trabajadores sin que nadie medie por evitar dichos atropellos.
En cuanto a normalizar la situación de los que ya están acá sin papeles con alguna especie de visado temporal, Luis Victoria asegura que es muy complicado que se haga una excepción para que las personas puedan hacer un cambio de estatus debido a que entraron en violación de la ley y no tienen un estatus de no inmigrante.
Por ahora y mientras se aclara el panorama económico, la recomendación para cada trabajador es acudir sin miedo a un abogado de inmigración, incluso pro bono que no supone ningún costo para el beneficiado, que pueda estudiar su caso de manera individual y buscar a organizaciones como The Farmworker Association of Florida que, entre otras cosas, puede ayudarlo a conocer y ejercer sus derechos.