Nuevas regulaciones para las asociaciones de condominio y de propietarios.
Estas leyes establecen penalidades criminales para las personas que cometan fraude en el manejo de las asociaciones de condominio y de propietarios.
Por: Edda Pujadas
Con el objetivo de educar a los propietarios de viviendas sobre las nuevas leyes y regulaciones que los ayudaran a protegerse de posibles fraudes en las asociaciones de condominios y de propietarios, la Ciudad de Doral realizó una sesión informativa que contó con una masiva asistencia de residentes.
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, estuvo al frente del evento y señaló que esta sesión informativa surgió porque hay muchas personas preocupadas por el incremento de las mensualidades o implementación de cuotas especiales (Special Assessment, como son conocidos en inglés) en sus comunidades.
“La idea de este evento ha sido informar a los dueños de viviendas sobre como prevenir y combatir el fraude en las asociaciones de condominios y de propietarios y también explicar cuáles son sus derechos y a cuáles agencias pueden recurrir para reportar cualquier irregularidad”, explicó la alcaldesa Fraga.
“Queremos que la gente entienda que el estado de la Florida y los gobiernos locales estamos trabajando en leyes que protejan a los vecinos y regulen la labor de las asociaciones porque, hasta ahora, solamente han esta supervisadas por el Departamento de Regulación de Negocios y Profesiones”, agregó Fraga.
Indicó que las leyes han cambiado y seguirán cambiando. “Tenemos representantes estatales trabajando en estas nuevas leyes que ahora implican penalidades criminales a las personas que cometen fraude en el manejo de las asociaciones de condominio y de propietarios. Esto no existía antes”.
Durante la sesión informativa, desarrollada en el Centro Cultural de la Ciudad de Doral, participó un nutrido grupo de panelistas, encabezados por Juan Carlos Porras, presentante del Distrito 119, quien impulsó la ley HB595 que promueve la transparencia en el manejo de las asociaciones y establece la necesidad de una base de datos con información vital sobre las asociaciones.
Entre los panelistas también se destacó la presencia de Tamara Reyes, fundadora y presidenta de Soflo Property Owners, quien durante sus 29 años de carrera se ha dedicado a combatir el fraude y la corrupción, asesorando a los propietarios de viviendas. Igualmente, se contó con el Sgt. Carlos Luffi, del Departamento de Delitos Económicos del condado de Miami-Dade, dedicado a combatir la malversación de fondos y el crimen organizado en las comunidades.
John Perikles, quien tiene más de 34 años de experiencia como fiscal del condado de Miami Dade y en el 2017 liderizó la investigación sobre el caso de corrupción en un condominio que finalizó con cambios legislativos en la Florida también estuvo en el grupo de panelistas junto a Dana Goldman, abogada de Real Estate con 18 años de experiencia en transacciones inmobiliarias.
Representantes del DBPR y de las organizaciones Cyber Citizens for Justice, J.Muir & Associates, AR Law Group PLLC, Eisinger Law, Law Office of Reinaldo Castellanos y Gómez Law, también brindaron asistencia legal a los participantes en esta sesión informativa.
LAS LEYES
La meta principal de los representantes estatales y de las autoridades locales con las leyes recién aprobadas y las que aún esperan ser firmadas por el gobernador de la Florida, Ron De Santis, es eliminar el vacío legal en ciertas áreas del manejo de asociaciones, frenar las estafas y lograr que la información y base de datos de las asociaciones sea pública.
Parte de las nuevas leyes exigen educación previa para los futuros miembros de la asociación de condominio o de propietarios, multas de mil dólares diarios por infracciones y el establecimiento de penalidades criminales para las personas que cometan fraude en el manejo de las asociaciones de condominio y de propietarios.
Entres las leyes aprobadas destacan la HB595, que entrará en vigor el próximo 1ero. de julio y requiere que el DBPR establezca una base de datos que contenga información específica sobre cada asociación de condominios y de propietarios en el estado. La ley requiere que la asociación de condominios y de propietarios notifique al DBPR sobre cualquier cambio en la información que figura en la base de datos.
Alguna de la información que debe estar contenida en la base de datos debe ser el acceso a la página web de la asociación; los nombres, direcciones de correo electrónico y otros contactos de información de los funcionarios y directores de la asociación y alguna indicación de que la asociación es autogestionada, en caso contrario, la información de contacto de la persona autorizada.
También debe contener una copia de los documentos que rigen la asociación, incluyendo, entre otros, declaraciones, estatutos, reglas y cualquier modificación al mismo, así como una copia del informe adoptado más recientemente por la asociación y el presupuesto anual, en un formato uniforme, que incluya el importe y propósito de cualquier evaluación mensual y cualquier evaluación actual o pendientes de liquidación especial cobrada por la asociación.
Una parte importante de esta base de datos es una copia de cualquier estudio sobre los fondos en reserva y su utilización, así como informes sobre inspecciones físicas, incluidos los estudios de ingeniería y sus respectivas recomendaciones.
Por su parte, la ley HB1021 exige transparencia total por parte de los miembros de las juntas de condominio, establecido penalidades graves, tratando de esta forma de evitar actividades criminales, abusos de poder y conflicto de intereses. Entrará en vigor el próximo 1ero. de julio de este año.
Otros proyectos de ley pendientes por firma del gobernador De Santis son el HB 1029 que crea el programa piloto ‘Mi Condominio Florida Seguro’, basado en el programa ‘Mi Hogar Florida Seguro’, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara y el Senado. Este programa piloto ampliaría las inspecciones y subvenciones a las asociaciones de condominios, las cuales tendrían que aportar $1 por cada $2 proporcionados en el programa, con un máximo de $175,000 por asociación.
La HB 59 brinda a todos los propietarios una notificación única de sus reglas, restricciones y convenios, asegurándose de que sepan con qué están trabajando. También se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley HB1203 que exige que las asociaciones de propietarios de Florida proporcionen a los residentes sus reglas.
Igualmente, en respuesta al colapso del condominio Champlain Towers South, la legislatura de Florida aprobó varias leyes, incluidas la SB4D y la SB154, que exigen diversas inspecciones y estudios de reserva de integridad estructural para los condominios.
Además, la legislación eliminó la capacidad de las asociaciones de condominios de votar para renunciar o reducir el financiamiento de reservas o usar reservas para otros fines y requiere que los presupuestos de las asociaciones de condominios adoptados a partir del 31 de diciembre de 2024 financien reservas para aquellos elementos especificados en el estudio de reserva de integridad estructural.
Para el cumplimiento de estas leyes han sido establecidos fondos adicionales, como $14 millones de dólares para el DBPR, $500 mil dólares para la Fiscalía Estatal, $350 mil dólares para la Asociación de Abogados CABA en Miami Dade y $250 mil dólares para el fondo de defensa legal de Broward.