Fiscal general de Arizona reconoce derecho de EEUU de demandar por ley SB1070
Washington, 23 jul (EFE).- El fiscal general de Arizona, Terry Goddard, admitió hoy en una audiencia del Congreso que el Gobierno de Estados Unidos tuvo la obligación de presentar una demanda contra su estado por una controvertida ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
Durante una audiencia de un subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Goddard afirmó que el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, “debe hacer todo lo que considere necesario” si estima que una ley viola la Constitución de Estados Unidos. “Si esa es su sincera creencia, entonces (Holder) no tiene opción”, dijo Goddard.
El fiscal de Arizona respondió así al legislador demócrata Al Green, quien preguntó varias veces en tono insistente si Holder tiene la “obligación” de defender la Constitución e impugnar cualquier ley que viole sus fundamentos.
Preguntado sobre qué haría él en este caso si fuese el fiscal general, Goddard respondió que también haría lo mismo.
“Por la forma en que lo pregunta, la respuesta es sí”, dijo Goddard.
La audiencia fue convocada para examinar los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) por combatir el contrabando de inmigrantes indocumentados por la frontera sur.
En la misma audiencia, tanto líderes del Congreso como autoridades del Gobierno reconocieron la necesidad de mejorar el combate al tráfico de armas que fluyen hacia México y que nutren la narcoviolencia en ese país.
Pero la Ley SB1070, promulgada por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril, fue punto de tensión en entre demócratas y republicanos en la audiencia, en unos momentos en que arrecia el debate político sobre cómo frenar la inmigración ilegal en EE.UU.
La SB1070 criminaliza la presencia ilegal en ese estado, como una herramienta disuasoria para frenar el flujo de indocumentados por la zona.
La legislación entrará en vigor el próximo 29 de julio, a menos que lo impida un tribunal.
La ley se ha topado con numerosas demandas de grupos cívicos que temen que ésta conducirá a la discriminación racial de quienes luzcan o tengan acento extranjero.
Tras varios meses de consultas, el Departamento de Justicia de EE.UU. finalmente presentó una demanda contra la Ley SB1070 en Phoenix, argumentando que el gobierno estatal no puede usurpar la autoridad del Gobierno federal para las tareas de inmigración.
Hoy mismo en Phoenix la juez federal Susan Bolton realizó dos audiencias sobre la ley de Arizona, pero ambas concluyeron sin que ésta emitiera dictámenes acerca de si la medida debe o no entrar en vigor en su totalidad o sólo ciertos elementos.
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