Implicaciones y oportunidades con la nueva ley de inmigración

Por: Diana Bello Aristizábal

El mes pasado, se aprobó la ley SB 1718 o ley de inmigración del gobernador DeSantis y son muchas las preguntas que quedaron en el aire tras una ola de rechazo ante esta legislación por parte de algunos miembros de la comunidad que ha traído consecuencias en los sectores productivos para el estado y un pánico generalizado. Por eso, es prudente aclarar el panorama antes de que se haga efectiva el próximo 1 de julio.

Y es que la confusión se ha hecho evidente en publicaciones de redes sociales que muestran a cientos de inmigrantes abandonando sus puestos de trabajo y saliendo del estado para no sufrir las represalias que tendrá esta ley, cuya finalidad es evitar el flujo de inmigrantes ilegales a través de diversas medidas como, por ejemplo, obligar a las empresas de más de 25 empleados a utilizar el sistema federal e-Verify antes de contratar a un empleado para comprobar que está autorizado para trabajar. Los negocios que no sigan esta norma podrían perder sus licencias o pagar altas multas.

Otras medidas, entre muchas otras, incluyen la prohibición a los gobiernos locales de contribuir con dinero a aquellas organizaciones que crean tarjetas de identificación para inmigrantes indocumentados y el requerimiento para hospitales que reciben reembolsos por Medicaid de monitorear cuánto dinero gastan en inmigrantes ilegales en las salas de emergencia y de pedir el estatus migratorio a quienes atienden.

Pero ¿qué significa esta ley, qué recomendaciones deben seguir quienes tienen un estatus migratorio dentro del estado y quienes son dueños de negocio y qué efectos se verán a largo plazo bajo esta ley? Luis Victoria, abogado de inmigración, comenta al respecto que se trata de un paquete de legislación estatal que busca controlar los aspectos negativos de la inmigración como el tráfico humano para evitar que se sigan violando leyes estatales y federales.

“A partir del 1 de julio, los empleadores van a tener que tomar medidas muy estrictas con relación a la contratación de su personal, especialmente quienes están en los sectores productivos que más se han visto afectados por la carencia de mano de obra como la construcción, el agrícola y el turismo. Estos negocios deberán mirar caminos diferentes”, comienza explicando el abogado.

Uno de esos caminos para suplir las vacantes existentes y evitar que la carencia de mano de obra traiga consecuencias negativas para todos los residentes del estado como la falta de disponibilidad de productos y servicios y, por ende, una subida en los precios es contratar extranjeros a través de visas temporales como la H-2B.

“Las empresas deben estar preparadas para lo que se viene y preguntarse si prefieren ir por el camino correcto o pagar multas y correr el riesgo de que les quiten su licencia de funcionamiento. Hay que aclarar que el gobierno federal está muy preocupado respecto a la carencia de empleados potenciales y la forma como esto afectaría la economía, por lo cual se han expedido más visas respecto de las que había normalmente antes”, dice.

De hecho, este año fiscal se hicieron unos cambios y se adicionaron más de 64 mil visas del tipo H-2B, lo cual significa que cada vez habrá más oportunidades para conseguir este tipo de visas, incluso las relacionadas con habilidades especiales como la O-1 que fue hecha para suplir las necesidades de contratación de trabajos con estándares más altos. “Esta visa ahora sale más rápido”, comenta.

Pero más allá de las opciones de contratación que existan por la vía legal, lo importante es que cada compañía cuente con el respaldo de un abogado de inmigración, uno laborista y un contador para poder tomar medidas idóneas en relación con el funcionamiento particular de su negocio y así minimizar riesgos.

“Si una empresa tiene una plantilla en la cual el 50 o 70 por ciento de sus empleados, por ejemplo, son indocumentados estaría en serios problemas y podría recibir llamados de atención o ser sujeta de auditorías. Los empresarios que no encuentren soluciones a tiempo van a ser auditados porque esta ley afectará a todos los ámbitos empresariales del sector privado y no habrá tolerancia”, advierte Victoria.

También habrá consecuencias negativas para quienes entreguen documentación falsa para trabajar. “Estas personas muy posiblemente van a ser procesadas por cometer una felonía de tercer grado y eso es muy serio no solo porque tendrán cargos criminales sino porque podrían ser vinculadas a un proceso de deportación inmediato”, añade.

Así mismo, el abogado invita a los inmigrantes a pensar que al trabajar en una empresa de manera ilegal se pierden de todos los beneficios y garantías que gozarían si lo hicieran por la ruta legal como, por ejemplo, el pago de un seguro médico o un plan de retiro.

Por eso, la solución para ellos no es continuar viviendo al margen de la ley o huir del estado sino buscar asesoría legal lo más pronto posible para poder entender qué opciones tienen de acuerdo con la situación específica de cada uno y así evitar cometer errores. Cabe anotar que se sugiere solo dejarse guiar por profesionales que cuenten con un título de abogado acreditado y no por amigos o conocidos que, aunque tengan buenas intenciones, no conocen las leyes a fondo.

“Hay muchas situaciones específicas como, por ejemplo, estar en un proceso de asilo o haber iniciado un proceso de petición y ajuste de estatus concurrente. Estos individuos siempre y cuando hayan hecho todo correctamente y tengan su documentación no van a ser sujetos a la ley porque a pesar de que no tienen un estatus legal, están protegidos y no han acumulado presencia ilegal”, aclara.

En general, sin importar el caso, es muy importante que quienes tienen un estatus migratorio de cualquier tipo tengan siempre su documentación a la mano o una fotocopia de los documentos de notificación que han recibido para poder proporcionar información de inmediato a las autoridades competentes que así lo requieran.