Breve análisis sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública

 

Elizabeth Méndez Salom, Esq.

Sanchez Vadillo LLP

 

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos en el 2016, ha sido creciente la preocupación de los inmigrantes sobre los efectos  que pueden producir los cambios que la nueva administración promueve implementar en materia de Inmigración.

La propuesta que se está discutiendo actualmente se refiere a la modificación de la causal de inadmisibilidad por carga pública establecida en la Ley de Nacionalidad e Inmigración Vigente.

La ley actual consagra el principio de que los extranjeros que entren al territorio nacional, ya sea temporalmente o en calidad de inmigrantes, no dependan de los recursos públicos que ofrece el Estado para su manutención, sino que demuestren que pueden sostenerse financieramente por sí mismos, o con la ayuda de su familia, o a través del patrocinio de sus empleadores. De acuerdo con lo establecido en  la Sección 212(a)(4) de la Ley de Nacionalidad e Inmigración(INA) “ Cualquier extranjero que, en opinión de un oficial consular al momento de la solicitud de una visa, o en opinión del Fiscal General al momento de la solicitud de admisión o ajuste de estatus, podría convertirse en una carga pública, es inadmisible[…] Al determinar si un extranjero es excluible bajo este párrafo, el oficial consular o el Fiscal General deberá, como mínimo, considerar (I) la edad (II) salud (III) estatus familiar (IV) bienes, recursos, y estatus financiero y (V) educación y habilidades del extranjero…”.

El 22 de septiembre de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security– DHS) publicó una copia anticipada de la Notificación de Reglamentación Propuesta por dicho Departamento (Notice of proposed rulemaking– NPRM) relacionada a la causal de inadmisibilidad por carga pública. La propuesta modifica  el estándar utilizado para determinar si un extranjero podría convertirse en algún momento en una carga pública, y por lo tanto ser inadmisible bajo la sección 212(a)(4) de la Ley de Nacionalidad e Inmigración, inelegible para ajustar estatus, para ser admitido en los Estados Unidos o para recibir una visa. Esta regla también haría inelegible a los extranjeros no inmigrantes que sean considerados una carga pública para cambiar de estatus o extender su estadía.

Es necesario aclarar que de acuerdo a la propuesta, esta regla no afectará a grupos de extranjeros que el Congreso específicamente ha excluido de la causal de inadmisibilidad por carga pública, como por ejemplo refugiados, asilados, afganos e iraquíes que tengan visas de inmigrantes especiales, a los no inmigrantes víctimas de la trata de personas, a las personas que aplican por un beneficio migratorio bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer, y a los jóvenes inmigrantes especiales. Igualmente, la regla excluye los beneficios recibidos por los hijos extranjeros de ciudadanos americanos que pueden adquirir la ciudadanía de acuerdo con la sección 320 o 322 de la ley de Inmigración y Nacionalidad, así como a los extranjeros miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Asimismo, de acuerdo a la normativa propuesta, el Departamento de Seguridad Nacional sólo consideraría la recepción directa de beneficios por parte del individuo que aplica por el ajuste o el cambio de estatus. La recepción de beneficios por parte de los dependientes u otros miembros del grupo familiar no será considerado para determinar si el solicitante extranjero se convertirá en una carga pública.

La publicación oficial de la Notificación de Reglamentación Propuesta en el Registro Federal, pautada para el 10 de Octubre de 2018, abre un periodo de 60 días para recibir comentarios del público, lo que permitirá a los ciudadanos emitir sus opiniones sobre cómo debería ser aplicada la causal de inadmisibilidad por carga pública. Una vez que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considere los comentarios recibidos del público sobre la regla propuesta, éste planifica emitir una regla final que incluirá una fecha de efectividad.

Los beneficios públicos a que se refiere la normativa propuesta por Trump incluye entre otros  los programas federales más amplios para personas de bajos ingresos, destinados a cubrir totalmente los gastos relacionados con sus necesidades básicas, tales como ayudas en efectivo, vivienda, cupones de alimentos y cuidado de salud.

Bajo la reglamentación propuesta, el recibo de fondos públicos que no estén incluidos en la Guía Interina de Campo de 1999 vigente (1999 Interim Field Guidance) tales como Medicaid, parte D de Medicare, Subsidio de Bajos Recursos (SNAP), y los beneficios de vivienda designados, no serán considerados para determinar la inadmisibilidad basada en la causal de carga pública, salvo que hayan sido recibidos con posterioridada la fecha en que entre en efecto la nueva normativa.

De aprobarse los cambios propuestos para para la determinación de la causal de inadmisibilidad por carga pública, las posibilidades de obtener un estatus legal en los Estados Unidos para inmigrantes y no inmigrantes serían aún más restringidas. Este es otro ejemplo de cómo la administración actual continúa haciendo cada vez mas estrecho el camino a los inmigrantes buscan lograr el sueño americano.

 

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